Lo ya conocido por el santiagueño común acaba de ser denunciado por un inversor porteño al que le vendieron campos robados a la provincia, aunque los datos "informativos" que trascienden sólo apuntan a escribanos y al “pícaro” (muy allegado a un alto funcionario del Ejecutivo de Gerardo Zamora) que se hizo pasar por dueño de las tierras del Estado.
Sin embargo, nada se dice de los organismos provinciales (son varias reparticiones) que, indudablemente, “habilitaron” la tramitación irregular para que un sujeto se diera el lujo de apoderarse de predios fiscales y luego hacerse pasar como “dueño legítimo” para terminar su raid en escandalosas estafas a inversores foráneos.
También el santiagueño común sabe que difícilmente las averiguaciones lleguen a todos los participantes del “affaire” de los campos, y hasta cree que se van a “seleccionar” a los imputados; “salvando” a funcionarios, prestanombres y amigos del gobierno.
Es razonable pensar de este modo porque la causa de los campos de San Ramón, departamento Pellegrini, está a cargo del juez Ramón Tarchini Saavedra, al que se conoce como “un súper dependiente del Ejecutivo” porque actúa sólo cuando recibe “instrucciones” de la Casa de Gobierno.
Este es un juego conocido del zamorismo, y lo vimos desplegarse a sus anchas y de una forma escandalosa en el caso que tiene al ex intendente de la Capital, Julio Alegre. La orden fue “matar (se supone, política y judicialmente) a Alegre, a su hermano y a uno de sus principales colaboradores, sin rozar a los amigos de la Casa de Gobierno a pesar de que salta a la vista que fueron partícipes necesarios y cómplices de las correrías del ex jefe comunal. (Si acaso se animaran a un juicio oral, Alegre estará obligado a contar con nombre y apellido quiénes fueron sus coautores y, consecuentemente, el tribunal tendrá que mandarlos presos uno a uno a todos los que sabemos que “robaron” junto al malogrado jefe del Palacio Municipal capitalino).
Funcionarios impunes
Por ello, no debemos hacernos ilusiones que vayan a esclarecer los robos de campos fiscales y ordenar las detenciones de autores y cómplices. Todo porque en el “nuevo Santiago” de Zamora no existe ni la democracia ni el Estado de Derecho.
Aquí, los jueces no son independientes aunque, en nombre de la Constitución y de las leyes, comentan distintos tipos de barbaries con la libertad y la hacienda de los ciudadanos que no comulgan (ni se venden ni se callan) con esta forma de gobierno.
Hablamos con propiedad sobre “la peor justicia”, y a algunas pruebas nos remitimos:
-Una docena de bebés murieron víctimas del experimento que realizaron médicos del hospital de Niños. Todos los médicos siguen en funciones. Nada de sumario administrativo. Nada de investigación judicial. La causa sigue cajoneada.
-Treinta y nueve presos indefensos fueron fusilados por las fuerzas de seguridad en la Cárcel Pública de Varones, en una puja entre guardia cárceles y detenidos sobre quién tenía la exclusividad en la provisión de drogas en el establecimiento. Se inventaron muchas historias pero nunca dijeron la verdad sobre el origen de la agresión y asesinato a los detenidos: las drogas. Se hizo una pantomima judicial y nada más. No hay un solo detenido, y el responsable político, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, sigue en funciones. La causa duerme en algún cajón del Palacio de Tribunales.
-Raúl Domínguez, como empleado valiente y correcto de la dirección de Rentas, concurrió a Delitos Económicos y dijo la verdad, brindando nombres y apellidos de los funcionarios que conocían y amparaban a los que estafaban a la provincia.
-Uno de los dos o tres carteles de la droga quitaron la vida al policía friense Jonatan Barrera y la “justicia” culpó a un par de perejiles, mientras los verdaderos autores materiales y/o intelectuales ostentan cargos públicos y gozan de la libertad.
Estos y tantos otros hechos aberrantes tienen los expedientes “frenados” (o cajoneados por orden de los mandamás), y ya nadie parece recordarlos.
Es como que Zamora y sus socios dejaron de advertir que la que no olvida es la memoria colectiva
| Robo de campos: la justicia santiagueña no avanza si aparecen complicados ladrones funcionarios o amigos del gobierno. |
También el santiagueño común sabe que difícilmente las averiguaciones lleguen a todos los participantes del “affaire” de los campos, y hasta cree que se van a “seleccionar” a los imputados; “salvando” a funcionarios, prestanombres y amigos del gobierno.
Es razonable pensar de este modo porque la causa de los campos de San Ramón, departamento Pellegrini, está a cargo del juez Ramón Tarchini Saavedra, al que se conoce como “un súper dependiente del Ejecutivo” porque actúa sólo cuando recibe “instrucciones” de la Casa de Gobierno.
Este es un juego conocido del zamorismo, y lo vimos desplegarse a sus anchas y de una forma escandalosa en el caso que tiene al ex intendente de la Capital, Julio Alegre. La orden fue “matar (se supone, política y judicialmente) a Alegre, a su hermano y a uno de sus principales colaboradores, sin rozar a los amigos de la Casa de Gobierno a pesar de que salta a la vista que fueron partícipes necesarios y cómplices de las correrías del ex jefe comunal. (Si acaso se animaran a un juicio oral, Alegre estará obligado a contar con nombre y apellido quiénes fueron sus coautores y, consecuentemente, el tribunal tendrá que mandarlos presos uno a uno a todos los que sabemos que “robaron” junto al malogrado jefe del Palacio Municipal capitalino).
Funcionarios impunes
Por ello, no debemos hacernos ilusiones que vayan a esclarecer los robos de campos fiscales y ordenar las detenciones de autores y cómplices. Todo porque en el “nuevo Santiago” de Zamora no existe ni la democracia ni el Estado de Derecho.
Aquí, los jueces no son independientes aunque, en nombre de la Constitución y de las leyes, comentan distintos tipos de barbaries con la libertad y la hacienda de los ciudadanos que no comulgan (ni se venden ni se callan) con esta forma de gobierno.
Hablamos con propiedad sobre “la peor justicia”, y a algunas pruebas nos remitimos:
-Una docena de bebés murieron víctimas del experimento que realizaron médicos del hospital de Niños. Todos los médicos siguen en funciones. Nada de sumario administrativo. Nada de investigación judicial. La causa sigue cajoneada.
-Treinta y nueve presos indefensos fueron fusilados por las fuerzas de seguridad en la Cárcel Pública de Varones, en una puja entre guardia cárceles y detenidos sobre quién tenía la exclusividad en la provisión de drogas en el establecimiento. Se inventaron muchas historias pero nunca dijeron la verdad sobre el origen de la agresión y asesinato a los detenidos: las drogas. Se hizo una pantomima judicial y nada más. No hay un solo detenido, y el responsable político, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, sigue en funciones. La causa duerme en algún cajón del Palacio de Tribunales.
-Raúl Domínguez, como empleado valiente y correcto de la dirección de Rentas, concurrió a Delitos Económicos y dijo la verdad, brindando nombres y apellidos de los funcionarios que conocían y amparaban a los que estafaban a la provincia.
-Uno de los dos o tres carteles de la droga quitaron la vida al policía friense Jonatan Barrera y la “justicia” culpó a un par de perejiles, mientras los verdaderos autores materiales y/o intelectuales ostentan cargos públicos y gozan de la libertad.
Estos y tantos otros hechos aberrantes tienen los expedientes “frenados” (o cajoneados por orden de los mandamás), y ya nadie parece recordarlos.
Es como que Zamora y sus socios dejaron de advertir que la que no olvida es la memoria colectiva
